La norma que despenaliza el aborto en España y que permite la interrupción libre del embarazo hasta la semana 14 y hasta la 22 en dos supuestos, entró ayer en vigor · Los sistemas sanitarios tendrán que garantizar este derecho a las mujeres

S. VALLEJO / GRANADA

De delito despenalizado a derecho de la mujer. Este es el principal cambio que aporta la nueva Ley del Aborto, que entró ayer en vigor y que aborda la protección y garantía de los derechos relativos a la salud sexual y reproductiva de manera integral. Pero no ha sido un estreno fácil. En su primer día, la sensación ha sido descafeinada. Médicos, políticos, asociaciones pro-aborto, clínicas de interrupción autorizadas y hasta las propias mujeres han coincidido en que la ley no ha conseguido calmar el debate social sobre el tema y que aún existe mucha división y desinformación sobre la nueva normativa, que busca acercarnos a la legislación europea.

En términos generales, lo que la ley supone respecto a la anterior es el aborto libre hasta la semana 14 y la posibilidad de hacerlo hasta la 22 en caso de riesgos para la salud de la madre o graves anomalías del feto. Antes, España contaba con una ley que despenalizaba el aborto en tres supuestos: violación (hasta la semana 12), malformación fetal (22 semanas) o peligro para la salud psíquica o física de la madre (sin límite de tiempo). Ahora, el aborto se contempla como un derecho de la mujer, un cambio sustancial que obligará a los sistemas sanitarios a incluir esta práctica en su cartera de servicios.

Los primeros en manifestarse han sido los médicos, coprotagonistas junto a las mujeres de esta ley ya que son los que tienen que practicar el aborto. En el Colegio de Médicos de Granada prima la cautela. “El aborto produce la mayor división de opiniones ya que cada persona tiene su propio punto de vista, pero como Colegio pensamos que aún quedan flecos difíciles de solucionar”, dijo Antonio Hernández, que ve dos aspectos críticos. El primero es la objeción de conciencia, que está contemplada en la ley aunque “ahora tendrá que desarrollarse por reglamento” para dejarlo claro. De hecho, ésta es su mayor preocupación ya que “hay muchos médicos que no quieren hacerlo”. El segundo aspecto es el caso de las menores de 16 años. “Predomina su consentimiento sobre el de los padres si existe problema familiar, pero dejan al médico que evalúe esto y no podemos convertirnos en policía, por lo que se generarán situaciones incómodas”. Además, critican que se haya informado poco. “Ya pueden venir mujeres y no se sabe qué hacer”.

Precisamente, los sistemas públicos tienen dificultad para llevar a cabo los abortos por esa objeción de conciencia y se suele trabajar con conciertos con clínicas ginecológicas. En Granada, la única clínica autorizada por la Junta para las interrupciones voluntarias del embarazo es GineGranada, que desde 2002 recibe a las pacientes derivados de la sanidad pública. En el centro, ayer ya tenían toda la información para aplicarla. Paqui García explicó que ahora su trabajo cambia “radicalmente”. “Ahora es la mujer la que decide hasta la semana 14” y hay que hacer una labor informativa mayor para que la decisión sea meditada. “La desinformación es grande. De hecho, estamos atendiendo peticiones de médicos y centros para que les expliquemos los cambios”, dice. Otro cambio fundamental será que se trabajará con códigos totalmente anónimos. De lo que está segura García es que esta ley no supondrá un cambio en el perfil de la mujer que aborta. “No va a cambiar mucho, lo que supondrá es mayor garantías para la mujer y el profesional”. Con todo, tiene dudas. “El espíritu parecía mejor al principio pero el decreto finalmente no me convence para el caso de las menores y los comités clínicos, que sólo contemplan personal de la sanidad pública”, añadió.

El caso de las menores es difícil. Necesitarán autorización paterna salvo que exista conflicto familiar, que decide el médico. En cambio, en otras leyes, como la propia de muerte digna, sus decisiones se respetan a partir de 16 años.

En la Comisión pro-derecho al aborto de Granada también hay matices. “Hay quien ve la botella medio llena o medio vacía”, aseguró Josefina Jiménez, que valoró los aspectos en los que se avanza con la ley, “la seguridad jurídica y la decisión de la mujer”, y mostró su preocupación por dos puntos: los casos en los que se mantiene la inseguridad jurídica y la objeción de conciencia. “No hay registro y no se han definido incompatibilidades, aunque la ley se ha preocupado mucho por intentar que los abortos se hagan en la sanidad pública, donde ahora casi no se hacen porque pocos médicos se atreven”, dijo Jiménez, que matizó que según cómo se aplique la ley hay mujeres que seguirán viajando a otros países para abortar, sobre todo por encima de la semana 14. “Cuando se habla de un tema como la vida depende mucho de la concepción personal de cada uno. La información es central para definir las cosas pero nosotros apoyamos la cuestión de la viabilidad fetal, que la OMS marca en la semana 22 a 24. Además, la ley no obliga”, concluyó.

La ley ha generado un gran debate político. El PP ha llevado el texto al Tribunal Constitucional, que podría decidir suspender cautelarmente su aplicación. “Hasta ahora el aborto era un delito despenalizado en tres supuestos y ahora es un derecho privado de la mujer y no creemos que éste deba prevalecer sobre el del niño”, explicó la diputada nacional del PP Blanca Fernández Capel, que defendió la objeción de conciencia de los profesionales. “La ley es un bodrio con problemas morales y es un atentado contra la familia”, aseguró.

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