Desde Ginegranada queremos compartir este testimonio de Alba, 16 años, que abortó sin el conocimiento paterno-materno.

Las fuertes creencias religiosas de sus padres y la incomunicación entre ellos, impidieron a Alba comunicar a sus tutores su gestación y la decisión de interrumpir su embarazo. Alba, 16 años, abortó sin el conocimiento paterno-materno.

Como ella, entre 400 y 500 menores abortan cada año en nuestro país sin el conocimiento de sus tutores. De aprobarse la reforma del Partido Popular que busca anular la excepción que permite a las menores en desamparo o en riesgo social abortar sin conocimiento de sus padres o tutores; se estará abocando a estas mujeres jóvenes a un aborto inseguro o clandestino.

El proyecto del partido popular hace de una excepción la norma. Estudios de ACAI confirman que el porcentaje de mujeres de 16 y 17 años que accedieron a una IVE es del 3,60 %; de ellas, tan solo un 12,38%, no pudieron informar a sus padres. Un 0’44% del total de abortos (108.690), es decir entre 400 y 500 menores. 

Casi el 90% de las menores informaron y vinieron acompañadas por su tutores a interrumpir su gestación; por lo que podemos afirmar que el PP viene a proteger a unas menores, las que pueden y comunican a sus padres la situación, que ya están protegidas; y viene a poner en riesgo y a ahondar en su desprotección, a las menores que la  actual Ley ampara.

Las razones principales por las que una mujer de 16 y 17 años no comunica a sus padres la situación son: desamparo familiar, familias desestructuradas, progenitores en prisión, riesgo de sufrir malos tratos, mujeres emancipadas que residen en el país sin sus padres, enfermedad paterna/materna invalidante, padres abiertamente contrarios al Aborto Provocado o padres que por voluntad propia renuncian a conocer y a acompañar a la menor.

En relación a la posibilidad de que el PP acceda a retirar de la ley un supuesto reconocimiento del aborto como derecho; ACAI quiere señalar que la ley no reconoce explícitamente la IVE como derecho, lo que si viene a reconocer como tal es la maternidad de las mujeres libremente elegida, y por tanto la obligación del Estado de salvaguardar y proteger tanto la continuación de la gestación como su interrupción.

Cuestión bien distinta es que amparándose en esta concesión a los sectores más conservadores, el Ejecutivo busque eliminar la prestación sanitaria de aborto provocado de la cartera general de servicios y derechos sanitarios, explicitada en el artículo 18 de la ley cuando reconoce el «derecho a la asistencia para la práctica de la interrupción». Una posibilidad que para los/as profesionales de ACAI supondría un grave retroceso para la salud y los derechos de las mujeres, quienes se verían obligadas de nuevo a pagar por una prestación que debe ser gratuita y garantizada por el Sistema Nacional de Salud.

http://www.acaive.com/alba-un-aborto-responsable/noticias/

https://www.youtube.com/watch?v=9HZ79QRtdt0&feature=youtu.be

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