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Algunos de los medicamentos que quedan excluidos de la financiación pública. / EFE

El Boletín Oficial del Estado (BOE) publica hoy la lista de 417 medicamentos que, a partir del 1 de septiembre, dejarán de estar financiados por la Seguridad Social, la inmensa mayoría de ellos por estar indicados para el tratamiento de “síntomas menores”. Sin embargo, 97 de ellos mantendrán la financiación para tratar enfermedades graves o crónicas.

Los ciudadanos deberán abonar íntegramente el precio de fármacos para cuestiones como irritación de la piel, tos, diarrea o estreñimiento, lo que permitirá un ahorro que la ministra de Sanidad, Ana Mato, cifró en458 millones de euros a finales de junio.

Aunque inicialmente estaba previsto que esta exclusión de medicamentos de la financiación pública entrara en vigor a primeros de agosto, finalmente Sanidad anunció que sería el 1 de septiembre el momento en el que los usuarios tendrán que empezar a pagar por ellos. También entonces se cifró en 426 los medicamentos que quedarían fuera de la Seguridad Social, pero el BOE detalla por el momento 417 y esa lista se revisará de forma periódica.

Desde septiembre los pacientes deberán pagar por medicamentos tan populares como Almax (antiácido), Emportal, Duphalac o Plantago (laxantes), Fortasec (antidiarreico) y pomadas para aliviar el dolor causado por la artritis (Fastum, Calmatel, Movilisin), o para el tratamiento de afecciones inflamatorias como Zenavan. También deberán abonar medicamentos para la tos como Mucosan o Pectox, y para el tratamiento de los síntomas de la rinitis alérgica, como Rinomax, además de la acetilcisteína para patologías neumológicas, entre otros.

No obstante, la resolución de la Dirección General de Cartera Básica de Servicios del Sistema Nacional de Salud y Farmacia que publica hoy el BOE contempla excepciones y, así, algunos de los medicamentos incluidos en la lista seguirán teniendo financiación pública cuando sean indicados para patologías concretas, como por ejemplo para pacientes oncológicos.

Los formadores de volumen se mantendrán financiados para pacientes con enfermedad inflamatoria intestinal, colon irritable y diverticulosis.

Los laxantes osmóticos se financiarán para casos de encefalopatía portosistémica y paraplejia.

Los antagonistas del receptor opioide periférico estarán financiados para pacientes de cáncer.

Otros vasodilatadores periféricos conservarán la financiación en casos de claudicación intermitente.

Alcaloides del opio y derivados se mantendrán para pacientes con cáncer que sufran tos persistente.

Otros oftalmológicos estarán financiados en casos de síndrome de Sjögren.

Pero a pesar de esta exclusión de la financiación de más de 400 fármacos, todos los que están incluidos en la lista se pueden y se deben seguir recetando cuando el médico lo considere apropiado, aunque el paciente tendrá que abonar su coste íntegro.

Con esta revisión, según la ministra de Sanidad, Ana Mato, “se dejan de financiar medicamentos no esenciales y así se asegura el acceso a todos los fármacos necesarios para las enfermedades que ponen en peligro la vida de los ciudadanos, sin importar su coste”. Sanidad ha subrayado hoy en un comunicado que España se mantiene como uno de los países europeos con más fármacos financiados y que, junto con Francia e Italia, es el único que supera los 10.000 medicamentos con cargo a fondos públicos; en concreto más de 18.000.

La medida, sin embargo, no convence a todos. Andalucía y País Vasco han criticado la falta de consenso con la que se ha elaborado el listado de fármacos. También los farmacéuticos y los médicos están disgustados por la forma en que se han seleccionado los medicamentos, sin consenso, sin consultar a las sociedades médicas y científicas. Sanidad asegura haber tenido en cuenta para la selección elementos como que estos productos están indicados para “síntomas menores”, que son fármacos que comparten principio activo con otros que se venden sin receta, que se consideran “publicitarios” en el entorno europeo.

Los socialistas consideran que medidas como el copago sanitario y el medicamentazo no conseguirán los ahorros previstos y supondrán más recortes. Del mismo modo opinan sindicatos como FSS-CCOO, FSP-UGT, SATSE y CSI-F, que consideran que con la exclusión de fármacos de la financiación pública “no se ahorrará”, sino que “se generará más gasto” a la sociedad. Y de “injusta” califican la medida diversas organizaciones de consumidores. A su juicio, afecta siempre “a los sectores más desfavorecidos” y “continúa un proceso de desmantelamiento de la sanidad pública”.

Ginegranada

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