RAFAEL J. ÁLVAREZ MADRID

Fetos con anencefalia (sin cerebro), con síndrome de Edwards (una alteración cromosómica sin tratamiento y con alta mortalidad post natal), con microcefalia, con colapso cerebral, con patologías cardiacas incurables, con «edema generalizado secundario a un síndrome de Turner (alteración cromosómica)»… El corolario de anomalías de salud fetal que sostiene el actual supuesto para abortar a partir de las 22 semanas de gestación es casi tan amplio como cada caso. Pero en esas patologías parece haber dos nexos en común: son incurables o hacen incompatible la vida del bebé, y se producen en gestantes que querían ese embarazo.

La conclusión es de la Asociación de Clínicas Acreditadas para la Interrupción del Embarazo (Acai), cuya vicepresidenta, Francisca García, hablaba ayer con «el vello de punta» tras oír que la malformación o la minusvalía del feto no serán motivos para abortar, como anunció el domingo el ministro Ruiz-Gallardón. «Es que no lo son. No se aborta por un Down [síndrome de Down]. Se aborta porque, junto a ese Down, hay una serie de complicaciones vitales. Lo que vemos aquí [en referencia a las clínicas] son patologías asociadas, enfermedades muy graves que hacen inviable al feto. Va a morir en el útero o poco después». La ginecóloga García, que trabaja en embarazos hasta la decimocuarta semana de gestación, cuenta que un comité clínico informa a la mujer sobre la patología del feto. «Es entonces cuando la madre decide, y lo hace en una tesitura tremenda, porque siempre se trata de embarazos deseados. La mujer quiere ese niño, pero se enfrenta a una situación muy difícil ante la perspectiva de una muerte próxima de su hijo o de una calidad de vida muy mala».

La medida del ministro parece ir encaminada más a la legislación de 1985 que a la de 2010. O sea, a un texto derogado por una ley posterior. Así, la de 2010 no habla de malformaciones en sí, sino de «anomalías incompatibles con la vida o enfermedad grave e incurable del bebé», circunstancias que permiten el aborto a partir de las 22 semanas de gestación y tras el dictamen de un comité clínico. La despenalización de 1985, que también citaba la presencia de un equipo médico para el diagnóstico hasta las primeras 22 semanas, era más inconcreta: «Que se presuma que el feto habrá de nacer con graves taras físicas o psíquicas», algo que puede entenderse como malformación y que no está necesariamente ligado a una enfermedad crítica.

El anuncio de Ruiz-Gallardón recorrió ayer con fruición la línea de corte de un país siempre dividido en dos. La derecha, los grupos pro-vida y asociaciones de discapacitados aplaudieron una prohibición que «posibilitará la vida de todas las personas en igualdad de condiciones» (Federación Down España) y que supone «una defensa de los más débiles» (Carlos Floriano, vicesecretario de Organización del PP). Al otro lado, la izquierda, colectivos de jueces y organizaciones de mujeres criticaron «el ataque al derecho a decidir» (Jueces para la Democracia) o el viaje en el tiempo: «Quien tenga recursos económicos irá a países donde este supuesto es legal. Y quien no los tenga se verá abocado a abortar clandestinamente, lo que creará un problema de salud al aumentar la morbilidad y la mortalidad de las mujeres. Es una vuelta al franquismo» (José Martínez Olmos, portavoz socialista en la Comisión de Sanidad del Congreso).

Ginegranada

Deja tu comentario sobre esta entrada

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *