En Ginegranada interrumpieron el embarazo durante el año 2015, 26 mujeres de 16 y 17 años, sólo en un caso una joven no pudo informar a tus padres o tutores.

“ Era pequeña cuando sus padres la abandonaron con su abuela y nunca se han preocupado de ella”.

Son pocas, la mayoría llegan acompañadas a nuestro centros de uno o ambos progenitores.

El miércoles día 23 de septiembre entraba en vigor la modificación de la Ley Orgánica de Salud Sexual y Reproductiva de 2/2010 y de la Ley de Autonomía del paciente 41/2002. A partir de este momento no habrá excepciones y todas las mujeres menores de 18 años no podrán interrumpir el embrazo si sus padres no lo autorizan, aunque como en el caso de la joven que contamos no los tenga y tendrán bien que acudir a un juez o realizarse un aborto clandestino poniendo en riesgo su salud o ser madres contra su voluntad.

Esta reforma injustificada, pues la mayoría de las mujeres de esta edad acuden a los centros acompañadas de sus padres o tutores sólo pondrá en riesgo a las adolescentes más vulnerables.

Desde Ginegranada, hoy Día internacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos queremos compartir esta noticia.

José Antonio Bosch

Asesor Jurídico de ACAI. Asociación de Clínicas Acreditadas para la IVE

Tal y como estaba previsto, hoy ha entrado en vigor la modificación de la Ley Orgánica 2/2010 y de la Ley 41/2002, con el único objetivo real de dificultar el aborto de las mujeres de 16 y 17 años, pero no de todas las jóvenes comprendidas en ese tramo de edad, sino solo de aquellas a las que su entorno familiar y social tiene desprotegidas, desasistidas y a las que este cambio normativo va a desproteger un poco más.

Me refiero a ese grupo conformado por unas cuatrocientas mujeres de 16 y 17 años de edad que anualmente acudían a interrumpir sus embarazos sin el consentimiento o conocimiento de sus padres o representantes legales y ello porque o bien están efectivamente desasistidas, sin progenitores que ejerzan como tales, o porque el fundamentalismo y violencia de los que tienen les pueden causar daños irreparables en caso de conocer su situación de embarazo. En resumidas cuentas, jóvenes cuyos progenitores son para ellas más una carga que una ayuda. Y nos referimos sólo a cuatrocientas jóvenes porque es el número contrastado de menores de 16 y 17 años que abortan en España anualmente sin ser acompañadas por algún progenitor o representante legal.

Pues bien, el Legislador, o más concretamente el Partido Popular que es quién ha promovido y aprobado en solitario la reforma que hoy entra en vigor, entendiendo que “en situaciones de vital importancia e impacto futuro, como es la interrupción voluntaria del embarazo”, la menor debe estar acompañada por sus padres, ha convertido tal compañía en obligatoria, incluso para aquellas menores para las que precisamente esa compañía es un auténtico martirio.

Permítaseme dudar de las buenas intenciones del Legislador, que ha empleado un enorme esfuerzo en solucionar un problema que no existía para crear un auténtico problema a un colectivo de jóvenes que ya tenían suficientes problemas sin la ayuda del Legislador. ¿Es realmente el interés de un colectivo de menores desasistidas, no más de 400 al año, lo que ha movido al Partido en el poder a crear una ratonera donde desatender aún más a estas jóvenes mujeres?, ¿O es la proximidad de las elecciones la que recomienda echar redes en cualquier caladero, a costa de lo que sea, con tal de pescar algún voto, venga de donde venga?

No nos engañemos, la modificación de la Ley no era necesaria para que los padres estuviesen acompañando a sus hijas de 16 y 17 años en las interrupciones de embarazo, porque la Ley ya ordenaba que debían estar informados y porque la realidad era que, en su inmensa mayoría, llegaban a los centros de interrupción voluntaria de embarazo acompañadas de uno o ambos progenitores. Que no nos engañen, no existía una demanda social reclamando la modificación, ni existía un problema real en España en relación al aborto que requiriese el interés y esfuerzo del Legislador; es más, juristas, políticos/as, movimientos sociales, etc. se han opuesto a la modificación normativa no ya por su nula necesidad, o por la reducción de derechos que lleva aparejada, sino porque realmente va a perjudicar a aquellas jóvenes ya de por si perjudicadas, a las que no tienen recursos económicos, a las que carecen de redes de apoyo, a las que sus progenitores dejan a su suerte… la modificación va a machacar, a las ya machacadas.

Está más que comprobado que en las sociedades en las que se prohíbe el aborto, el número de abortos no se reduce y, además, aumenta el riesgo para la salud porque disminuye la seguridad sanitaria al realizarse en forma clandestina. Cuando una mujer quiere abortar termina abortando, lo único que cambia la norma es la situación sanitaria en la que interrumpe su embarazo. Pues sepa el legislador que su norma va a dirigir a muchas jóvenes al aborto clandestino y al “autoaborto” con las tremendas consecuencias sanitarias que ello conlleva, con los graves riesgos para la salud, pero por supuesto no será ninguna de sus hijas, porque ellas contarán con los recursos económicos suficientes como para abortar en el extranjero o, en el mejor de los casos, con padres/madres comprensivos que las acompañaran en el trance. Las que se verán afectadas por esta reforma legislativa serán aquellas jóvenes a las que la sociedad no supo darles amparo y que, para cuando sus vidas se complican, el Legislador decide complicársela un poco más. Y todo ello ¿por un puñado de votos?

Ginegranada

Profesionales con más de 25 años de experiencia en interrupción de embarazo y sus técnicas específicas. Compartimos un interés común, cultivar la salud sexual y reproductiva, desde ese interés garantizamos el acceso a todos los métodos anticonceptivos, control de embarazo, citología, vasectomía etc. Nuestra filosofía es que la mujer se sienta a gusto y bien atendida conjugando la técnica y la cordialidad en el trato.

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