ÁNGELES PEÑALVER mapenalver@ideal.es | GRANADA.

El anuncio del ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, de eliminar la malformación del feto como supuesto para abortar de forma voluntaria, ha recibido las críticas de los partidos de la oposición y de las organizaciones de mujeres, ante la defensa a ultranza mostrada por el Partido Popular y por asociaciones como Derecho a Vivir y Foro de la Familia.
Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, un 2,97 por ciento de las 113.031 interrupciones voluntarias del embarazo en 2010 fueron a causa de anomalías en el feto, lo que supone unas 3.400 en total. En Granada, y según la Delegación de Salud, se producen unos 2.300 abortos gestionados por el Servicio Andaluz de Salud al año, de los que el 3%, esto es, 69, lo son debido a malformaciones fetales.
En la clínica concertada Ginegranada, explica Francisca García Gallego, licenciada en Medicina y Cirugía y directora de la misma, se realizan los abortos hasta la semana 14 en los que se detectan anencefalias o alteraciones genéticas graves incompatibles con la vida. El resto, se llevan a cabo en las dependencias del Servicio Andaluz de Salud.
«Ahora mismo no se puede interpretar el pensamiento de Gallardón y saber qué supuestos quiere sacar fuera de la ley. Pero en cualquier caso se trata de mujeres que se ven en situaciones muy graves y condenarlas a la clandestinidad o a irse al extranjero es un doble problema. La mayoría de embarazos que se interrumpen por ese motivo son deseados y quebrar ese proceso vital es ya de por sí muy angustioso para esas mujeres. La aprobación de esa medida será un retroceso en todos los sentidos porque en una sociedad plural no se puede legislar con una sola ética», recalca la ginecóloga.
Francisca García Gallego adelanta que en el caso de eliminar la malformación del feto como supuesto de aborto, la mayoría de estos nacidos morirá muy pronto. «Para colmo, son ciudadanos que necesitan muchas ayudas y prestaciones que se les están quitando en materia se sanidad, servicios sociales…», apostilla.
«Merma de derechos»
Frente a esto, Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia, insiste en que la discapacidad no puede significar una «merma de derechos» en una sociedad «avanzada y progresista» como es la española, y por eso el Ejecutivo estudia suprimir que la malformación en el feto sea un supuesto para abortar hasta las 22 semanas de gestación.
«Ningún discapacitado en España tiene que tener menos derechos que el resto de ciudadanos», ha reiterado en un par de ocasiones el titular de Justicia. Y recalca que las personas con discapacidad deben tener «los mismos derechos» que el resto de españoles, un aspecto que a su juicio vale «exactamente igual para aquellas personas que han nacido y para aquellas que están en proceso de nacer». En España, según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, la incidencia de interrupciones voluntarias de embarazo por 1.000 mujeres de 15 a 49 años es de 10,08; mientras que la cifra sube a 13,48 abortos si el millar de féminas se comprende en las edades de 15 a 19 años.
La portavoz de Derecho a Vivir, Gádor Joya, y el presidente del Foro de la Familia, Benigno Blanco, han aprovechado la ocasión para pedir al Gobierno que elimine o restrinja con la reforma de la Ley de Salud Sexual y Reproductiva y de la Interrupción Voluntaria del Embarazo, además del aborto eugenésico, el terapéutico y concretamente el de peligro para la salud psicológica de la madre, supuesto por el que se han «colado», según han apuntado, en torno al 97 por ciento de los casos en los últimos 25 años.
Ginegranada

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